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20-07-2017

“VAMOS a SEPARAR a los PRIMEROS CIEN SERVIDORES por Corrupción”

  • Mientras que, en materia de procesamiento y sanción, se adoptaron medidas para hacer más eficientes la investigación contra las personas que defraudaron la confianza del servicio público. Se creó, además, la autoridad técnica y el tribunal a fin de supervisar el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

    Una de las prioridades y preocupaciones expresadas en la actual  gestión ha sido la lucha contra la

    corrupción, ¿qué avances existen al respecto?

    –Según la Contraloría General de la República, entre inicios del 2009 y marzo del 2016, se detectaron 198,340 sanciones penales, civiles o administrativas. En el mismo intervalo, se identificó un total de 1,812 procesos judiciales a 9,937 funcionarios, con costos que superaban los 1,500 millones de soles. Por ello, desde el Ejecutivo, se impulsaron cambios profundos en las estructuras del servicio público para promover la integridad, castigar al funcionario y servidor deshonesto, proteger los derechos e intereses del ciudadano y prevenir escenarios de corrupción.

    –¿Cuál fue el aporte del Minjus en estas acciones?

    –Precisamente, al Minjus se le encargó, en los hechos, liderar la implementación de reformas legales orientadas a maximizar la eficiencia de esta lucha. Así, se fomentó la elevación de los estándares de contratación pública, impidiendo que personas condenadas por delitos contra la administración pública accedan a cargos públicos. Además, se modificaron el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para hacer más eficiente la investigación, el procesamiento y la sanción del crimen organizado. Estas medidas fueron incentivadas desde tres ejes: prevención, procesamiento y sanción.

    –¿En qué consistieron estos ejes de prevención, procesamiento y sanción?

    –En el primero, se implementó una serie de instituciones y procedimientos orientados a promover la transparencia y eliminar la cultura del secretismo; se elevaron, como ya lo afirmé, los estándares para el acceso a la administración pública, entre otros. Mientras que, en materia de procesamiento y sanción, se adoptaron medidas para hacer más eficientes la investigación contra las personas que defraudaron la confianza del servicio público. Se creó, además, la autoridad técnica y el tribunal a fin de supervisar el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

    –Con la aplicación de los nuevos estándares de contratación en el Estado, se anunció separar a los funcionarios condenados por delitos contra la administración pública. ¿Cómo avanzan en este sentido?

    –Actualmente, con el objeto de que Servir y las entidades públicas lo implementen, venimos cruzando información entre el Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio de Economía, a fin de que en los próximos días se separe a los primeros 100 servidores públicos por actos de corrupción.

    –Dentro de los mecanismos de investigación y sanción de la corrupción, ¿qué reformas legales se dieron?

    –Tenemos diversas modificaciones al NCPP para hacer más eficaz la persecución y sanción de los delitos contra la administración pública y contra la criminalidad organizada, por ejemplo, autorizando el empleo de técnicas especiales de investigación. También se inhabilitó a los servidores condenados por casos graves de corrupción para que no puedan volver a trabajar en el Estado, aplicándoseles la sanción penal de inhabilitación perpetua; se dieron normas orientadas a transparentar las relaciones de parentesco familiar, para hacer más eficientes las investigaciones que llevan a cabo en esta lucha los jueces, fiscales, comisiones investigadoras del Congreso, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Tribunal de Servir.

    –La participación ciudadana en estos casos es muy valiosa, ¿ya está listo el anunciado sistema de protección de denuncias?

    –Así es, la ciudadanía tendrá mayores oportunidades de denunciar este tipo de delitos, con la debida protección.

    –¿De qué forma?

    –Se asegurará la reserva absoluta de la identidad del denunciante por todas las entidades del Estado y, cuando la denuncia corresponda a un servidor público, se le darán medidas de protección laboral, como el traslado temporal del denunciante o la renovación de la relación contractual. También se incorporaron mejoras al proceso especial de colaboración eficaz, a fin de fortalecer su autonomía y regular algunos supuestos que no estaban previstos. Todo ello con miras a uniformar criterios de aplicación, extender el uso y los efectos de los acuerdos.

    –¿Qué se viene para este segundo año de gestión?

    –Aún quedan muchos espacios por cubrir. Pero, para este segundo año tenemos el reto de identificarlos y, al mismo tiempo, implementar de modo eficiente todas las medidas dictadas en materia anticorrupción. Por ejemplo, se centrarán los esfuerzos en la instalación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública; estamos terminando una directiva que oriente la implementación de los incentivos de denuncias de actos de corrupción y las medidas de protección al denunciante; se supervisará que ninguna institución pública contrate a personas condenadas por corrupción y se fortalecerán los registros creados para estos fines.

    –En política penitenciaria, ¿qué avances concretos se dieron para imponer el orden en las cárceles?

    –Lo más importante es que se recuperó el principio de autoridad en los penales. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), de este modo, realizó 2,150 operativos de intervención o requisas; trasladó a 977 internos que vulneraban la seguridad en los penales e incorporó a 495 agentes. En este último año, también, se han implementado sistemas integrales de seguridad electrónica en seis penales y, después de 30 años, se retomó la administración del penal de Lurigancho. De igual modo, se fomentó el programa de cárceles productivas, con el apoyo del sector privado como Adex. Por cierto, en estas actividades participan exinternos, a fin de impedir que la falta de oportunidades y estigmas que se generan a su alrededor no lo lleve a reincidir en el delito.

    –Es probable que hoy se inicie la colocación de los primeros grilletes electrónicos, ¿cuál será su avance?

    –Es cierto y, luego, en un mes, se hará lo propio con 35 internos más. En esta primera fase, los grilletes electrónicos se colocarán a internos condenados o procesados con residencia domiciliaria en Jesús María, Lince, Miraflores y Cercado de Lima. Así, se ha decidido también que este plan piloto sea desarrollado en los ámbitos geográficos que tienen mejor cobertura georreferencial, para que el Inpe haga un seguimiento y monitoreo eficientes. En los próximos meses, este mecanismo se ampliará a diversas regiones del país.

    –Y los bloqueadores…

    –A fines de este mes tendremos tres centros penales: del Callao, Huaral y Chincha, bloqueados al 100%. A diciembre serán 16 más, y al culminar el 2018, deberán estar totalmente bloqueados 33 penales más, como parte de las medidas del gobierno para garantizar la seguridad ciudadana.

    El Acuerdo Nacional por la Justicia

    La suscripción del Acuerdo Nacional por la Justicia es tal vez el logro más importante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en estos primeros 12 meses de gestión, vista en perspectiva a futuro, estimó el viceministro del sector Edgar Carpio Marcos. “Este es un espacio en que junto a los demás órganos que forman parte del sistema de administración de justicia, como son el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, a los que se suman la Academia de la Magistratura, se coordinan acciones de diversa naturaleza, a fin de hacer más eficiente y eficaz la prestación del servicio público de la justicia”, anotó. A la fecha, agregó, se encuentran concentrados en materializar reformas institucionales, que comprenden propuestas de reformas constitucionales y legales, así como políticas públicas que permitan acercar la justicia al ciudadano. Precisamente, estas se refieren a identificar los procesos con mayor retraso de atención, acciones para disminuir la carga procesal, el afianzamiento de la formación y la capacitación de los operadores jurídicos en el ámbito nacional, las medidas legislativas para contribuir a la mejora de los procesos judiciales y a la creación del Mapa de la Justicia, destinado a proporcionar información relevante para un mejor servicio de justicia. “El Acuerdo Nacional por la Justicia es un espacio en que este trabajo se está efectuando, con la coincidencia de voluntades, con un único compromiso como norte, que es el de avanzar hacia la justicia que todos y todas queremos”, resaltó la autoridad.

    Fuente: diario EL PERUANO

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