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18-07-2017

REVISARAN cerca de 4,000 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

  • La medida busca identificar, reducir y/o eliminar aquellos procesos administrativos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no estén adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General o en aquellas con rango de ley que les sirven de sustento para su ejecución

    Mediante el Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, la PCM aprobó el Reglamento para la aplicación del análisis de calidad regulatoria de procedimientos administrativos.

    La medida busca identificar, reducir y/o eliminar aquellos procesos administrativos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no estén adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General o en aquellas con rango de ley que les sirven de sustento para su ejecución.

    Cronograma

    El reglamento desarrolla los principios, el proceso y el cronograma de aplicación del análisis de calidad regulatoria de las disposiciones normativas vigentes.

    El análisis de calidad regulatoria lo realizan todas las entidades del Poder Ejecutivo. Su validación está a cargo de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria integrada por la PCM, así como por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Economía y Finanzas.

    Estas unidades propondrán al Consejo de Ministros las disposiciones normativas para su posterior ratificación.

    De esta manera, el Gobierno ratifica su compromiso de simplificar y facilitar los trámites que realizan los ciudadanos y las empresas, a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

    Según el cronograma, la presentación de informes para la simplificación administrativa tiene un plazo de un año, que comienza en setiembre del 2017 y termina el mismo mes del 2018.

    Cumplimiento

    El proceso de simplificación se realiza dentro de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que regula la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de realizar un análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley que establezcan procedimientos administrativos.

    Fuente: diario EL PERUANO

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