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03-06-2017

SIN CONTROL: Según auditoría, Alarcón sí hizo negocios mientras era vicecontralor. Opacidad e irregularidades pasan la factura.

  • “¿Qué pasaría si retiras la denuncia del Congreso? No quiero presionarte, no te estoy hostilizando”, se le escucha decir al contralor. “Por lo menos dame esa oportunidad (de retirar los cargos) y seguimos siendo amigos”.

    Compró dos autos a proveedor de la Contraloría, lo que prohíbe Código de Ética.

    El contralor general de la República, Édgar Alarcón, aseguró el martes 30 en RPP que “no voy a renunciar. He hecho las cosas bien y sé muy claro lo que voy a hacer hacia adelante”.

    Dos días antes, dos programas dominicales –Cuarto Poder y Panorama– difundieron un audio en el que se escucha a Alarcón y el auditor de la CGR, Walter Grados, quien grabó la conversación, hablar sobre la denuncia  presentada ante el Congreso en agosto de 2016, sobre el negocio de compra y venta de vehículos que tenía Alarcón.

    Leer: Edgar Alarcón: El Rey de las Pistas

    “¿Qué pasaría si retiras la denuncia del Congreso? No quiero presionarte, no te estoy hostilizando”, se le escucha decir al contralor. “Por lo menos dame esa oportunidad (de retirar los cargos) y seguimos siendo amigos”.

    Consultado el penalista Mario Amoretti explicó que la intervención correspondería al delito de Obstrucción a la Justicia, que tiene pena de entre 3 y 5 años de cárcel.

    Congresistas como el aprista Javier Velásquez Quesquén y los oficialistas Carlos Bruce y Mercedes Aráoz demandaron la renuncia de Alarcón. Lo mismo hizo José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Pedidos que contrastan con la defensa ejercida por varios integrantes de Fuerza Popular.

    Alarcón aseguró el martes 30 que “no voy a renunciar. He hecho las cosas bien.
    Alarcón aseguró el martes 30 que “no voy a renunciar. He hecho las cosas bien.

    FIERROS CALIENTES

    CARETAS 2453 reveló en septiembre de 2016 la historia del negocio de Alarcón y sus hijos.

    Alarcón ha dicho que él estuvo involucrado antes de ser vicecontralor quien, junto con el contralor, tienen la prohibición legal de realizar actividades lucrativas. Ahora se sabe que la investigación de Grados, que se suma a la de otros auditores de la CGR, fue presentada a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Fue derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por la fujimorista Karina Beteta, que la archivó en diciembre pasado. El motivo que arguyó era que Alarcón no participó en el negocio siendo vicecontralor.

    Dice Alarcón que los vehículos comprados mientras ocupó ese cargo fueron de uso familiar. Pero la auditoría encontró que, además de los 30 vehículos comprados por sus hijos en ese lapso (2013-2015), él mismo adquirió 9 en sociedad conyugal. El problema es que las fichas registrales acreditan el posterior y rápido cambio de propiedad en los vehículos. “Esto se dio en tiempos cortísimos y resulta evidente que fueron operaciones de compra y venta”, confirma una fuente que participó en la auditoría. “La totalidad de estos vehículos están a nombre de terceros”.

    De comprobarse solo ese hecho, Alarcón tendría que ser destituido.

    LOS AUDI

    Los carros que sí compró  para uso familiar, según la auditoría, fueron dos Audi Q7, que también tienen su historia.

    En el 2010, Alarcón era gerente de finanzas de la CGR. Ese mismo año, Juan Carlos Capcha –que perteneció al círculo cercano del exministro fujimorista Víctor Joy Way, quien pasó 7 años en prisión– firmó como proveedor de la Contraloría. Pasó a prestar servicios de marketing.

    De acuerdo con la partida registral, Capcha pagó US$ 73,100  al contado por el primer auto en el 2009. En 2013 se lo vendió al entonces vicecontralor por US$ 35 mil. Hubo un segundo Audi. Capcha pagó por el US$ 67,900 en el 2014 y se lo vendió a Alarcón al año siguiente también por US$ 35 mil.

    Hacer transacciones con un proveedor está prohibido por el Código de Ética de la CGR. Desde la primera firma, Capcha ha obtenido adjudicaciones y contratos –en varios casos firmados directamente por Alarcón- que suman más de S/ 1.1 millones.

    Velásquez y Ugaz demandaron renuncia. Auditor Walter Grados con resguardo.
    Velásquez y Ugaz demandaron renuncia. Auditor Walter Grados con resguardo.

    A LA MOLINA

    Otro episodio que complica la permanencia de Alarcón en la CGR es el que lo relaciona con Marcela Emilia Franco, que se desempeñó como recepcionista de la institución.

    En el 2006, Alarcón, que es casado, tuvo hijos mellizos con Franco. En 2010, cuando llegó Fuad Khoury como contralor, habría demandado la salida de Franco a quien notó con demasiada influencia en la institución. Mediante un proceso de salida con incentivos, Franco recibió una liquidación de S/ 127 mil y otro monto adicional por viáticos de S/ 100 mil. Ganaba S/ 3,300. Posteriormente, entró a trabajar a la Contraloría su sobrina, Carla Zúñiga Mejía.

    En 2012, Franco, que tiene estudios de secundaria, ingresó como coordinadora del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de La Molina, oficina que reporta directamente a la Contraloría. Fue la única persona que se presentó al concurso. Franco gana S/ 8 mil al mes, doscientos soles más que el alcalde Juan Carlos Zurek.

    En el 2008, la entonces contralora encargada, Rosa Urbina, encargó una investigación por pago de dietas en el Municipio de Lima. Al año siguiente se le comunicó a los regidores, entre los que estaba Zurek, que se les había pagado S/ 859,900 en exceso. Sin embargo, no sería hasta diciembre de 2015 cuando se produjo el informe de responsabilidad administrativa 1033, que solo encontró responsabilidad administrativa en el contador Eduardo Castilla. Según fuentes de la Contraloría, es un resultado muy infrecuente en auditorías de este tipo, donde se suele señalar responsabilidad del alcalde, teniente alcalde o regidores. Las mismas fuentes observan que la actividad de la Contraloría en La Molina ha sido muy limitada.

    FOJAS DE VIDA

    A todo esto se suma la opacidad en el proceder del contralor Alarcón.

    Ingresó a trabajar a la CGR en 1997, a los 37 años, y en su hoja de vida no consigna experiencias laborales previas.

    Se graduó como bachiller de contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa pero no se tituló hasta 17 años más tarde. Obtuvo su maestría en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Alas Peruanas, propiedad del fujimorista Fidel Ramírez. El contralor general percibe un sueldo de S/ 33 mil.

    Entre 2010 y 2015 no presentó declaraciones juradas a la Contraloría. En el 2016 las regulariza en su calidad de omiso. Pero, como advierte el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén en su solicitud de remoción, en esa regularización “figura que no ha tenido ingresos más allá de los recibidos como funcionario público. Es decir que no ha declarado las múltiples ventas de vehículos que realizó en dicho período”.

    Fuente: Revista CARETAS

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