Legisladores y analistas exigieron la suspensión del contrato que ProInversión firmó con el consorcio Halcrow-Ikons-Chemonics, que desarrolla el diseño de la concesión de los puertos de Paita, General San Martín (Pisco) e Ilo, hasta que se esclarezca el supuesto conflicto de interés en la pretendida concesión de los citados terminales que podría favorecer a empresas de Chile.

Lo escandaloso del caso es que dos de las tres empresas que conforman el referido consorcio trabajan en la actualidad o mantienen vínculos con grandes grupos portuarios chilenos que están interesados en ganar las licitaciones y operar en puertos peruanos.

Y es que la compañía inglesa Halcrow tiene un compromiso laboral con la compañía portuaria Mejillones en Chile, del Grupo Von Apen, y que tiene en el mercado peruano el 100% del transporte de combustible naviero y es uno de los principales operadores chilenos en el país.

Mientras que el socio principal, la chilena Ikons, asesoró a una empresa en Chile (Naviera Austral S.A.) cuyos dueños son también del Grupo Agunsa (de la familia Urenda) afincados en el mercado peruano.

SUSPENSIÓN DE CONTRATO

Los legisladores Víctor García Belaunde e Isaac Mekler coincidieron en que mientras se desarrollen las investigaciones sobre la posible incompatibilidad del consorcio para desarrollar los proyectos de concesión portuaria, el Estado debería suspender el contrato de servicios de consultoría que tiene con el citado consorcio hasta nuevo aviso.

García dijo que se debe investigar no solo el tema de incompatibilidad, sino el criterio técnico y político que incidió en la toma de decisiones a la hora de aprobar -en licitación pública internacional- el servicio.

“Aquí se deben identificar a los responsables, y a mi parecer uno de ellos sería ProInversión”, apuntó.

Por su parte Mekler dijo que el apuro del gobierno por concesionar los puertos regionales trajo consigo el poco análisis para conocer a quién se le otorga el desarrollo de los procesos.

Dijo además que existe un tema de soberanía que se debe tomar en consideración a la hora de elaborar las convocatorias de concesión.

El abogado constitucionalista Ernesto Blume señaló que de comprobarse el conflicto de interés del consorcio mencionado, pueden darse dos caminos: uno sería la nulidad de oficio por parte del Estado, y otro, la impugnación vía judicial por quien demuestre legítimo interés por accionar, tales como los postores en la concesión o quienes no ganaron la licitación.

Agregó que según el marco legal, la decisión que tome el Estado con referencia a los puertos estratégicos debe mantener el principio de transparencia y seguridad nacional.

EL DATO

Experiencia. El congresista Isaac Mekler afirmó que un hito que marcó en la historia fue la decisión que tomó Estados Unidos en relación con su soberanía y seguridad de Estado, pues negó la concesión de uno de sus puertos a una empresa cuyo capital provenía de los Emiratos Árabes Unidos, solo por tratarse de un país árabe. A pesar de que la empresa ganó limpiamente el proceso de concesión no fue aceptada en EEUU.