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15-05-2008

Intocables en Proyecto Chavimochic

Se repiten las benevolencias. Para la Comisión Especial de Investigación del Proyecto Especial de Chavimochic, el informe sobre contratos irregulares de algunos de sus empleados, hechos por la Contraloría General de la República, no fue suficiente para separar del cargo a sus funcionarios. Y es que ayer el Gerente General de Chavimochic, Húber Vergara Díaz, contó que luego del Informe 121-2006-CG/OEA, que hablaba de irregularidades en la contratación de catorce empleados, la Comisión Especial definió simplemente sancionar económicamente a varios de ellos. El informe de Contraloría señala que “los empleados Luis Ramírez Caballero, Hermes Aguilar Cáceres, Katheryne Claudet Angulo, Adriana Llanos Ballardo, Carmen Becerra Velásquez, Manuel Zavaleta Vargas, Jorge Benites Vásquez, Luis Olivera Calderón, José Terrones Seijas, Luis Sheen Díaz, Percy Cáceda Hurtado, Julio Tam Castillo, Moisés Sandoval Enríquez y Lucio Rosario Martell, no acreditaron documentalmente cumplir con los requisitos mínimos exhibidos para acceder o ejercer las funciones establecidas para dichos cargos, según el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Proyecto Especial Chavimochic”. Sin embargo, Húber Vergara contó que de los empleados mencionados anteriormente, los siguientes aún siguen laborando para el Proyecto Especial: Claudet Angulo (actualmente trabaja en la Gerencia de Obras); Llanos Ballardo (Asesoría Jurídica); Jorge Benites (Asesor de la Gerencia General y hermano de la ex congresista Tula Benites); Sheen Díaz (Cobranzas); Sandoval Enríquez (Operación y mantenimiento). Los no mencionados salieron del cargo porque venían de la anterior gestión, pero no porque fueron separados tras el informe de Contraloría. “Sólo se les dio una sanción administrativa, pero la Comisión no pidió separarlos”, acotó. Por último, Vergara contó que no recordaba qué sanciones económicas se interpusieron a los responsables.

MAS DATOS
El gerente Húber Vergara señaló que la responsabilidad de entablar procesos judiciales civiles o penales “sólo le corresponde a la Contraloría General de la República, ya que ellos sólo sancionan administrativamente, como lo hizo la Comisión Especial. (fuente Correo)

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